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martes, 29 de octubre de 2013

La violencia en Michoacán se encuentra ubicada en 5 municipios

Desde hace un mes, la gasolina no llega con regularidad al municipio michoacano de Tepalcatepec. Tampoco llegaron las despensas que los habitantes de Morelia, la capital del estado, enviaron a los damnificados del huracán Manuel en septiembre pasado y, mientras, el pueblo pierde a sus habitantes.
“Nadie quiere ir al municipio, no hubo transportista en todo Michoacán que quisiera traer las despensas, ni quien quiera abastecer de gasolina”, dijo a CNNMéxico el alcalde Guillermo Valencia.

Tepalcatepec es un pueblo de 26,000 habitantes ubicado en la región de Tierra Caliente, en la frontera con Jalisco, cuya seguridad es responsabilidad del Ejército y la Policía Federal desde 2012.
Su población, junto con la de otros 10 municipios, padeció un apagón generalizado el domingo pasado, luego de que grupos no identificados atacaron instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y seis gasolineras en el estado, informó en un comunicado la Secretaría de Gobernación.

Un día antes se registró un enfrentamiento entre presuntos miembros del crimen organizado e integrantes de grupos de autodefensa en Apatzingán, en medio de una protesta. Al menos cinco personas murieron, según la Procuraduría General de Justicia (PGJE) local.

El diputado priista Marco Polo Aguirre, presidente de la comisión de Seguridad Pública y Protección Civil en el congreso de Michoacán, afirmó que la situación de emergencia en seguridad en el estado está focalizada en cinco municipios: Buenavista Tomatlán, Aquila, Apatzigán, Tepalcatepec y Tepeque.

“La lectura que tenemos es que estos ataques son producto de la misma estrategia que está llevando a cabo el gobierno federal, de que están apretando demasiado (a los grupos de la delincuencia organizada) y que ellos tratan de defenderse haciendo estos actos de mucha estridencia”, dijo el diputado a CNNMéxico.

El control del narcotráfico y otros crímenes en el estado —donde el expresidente Felipe Calderón (2006 2012) inició la Estrategia Nacional de Seguridad que marcó a su gobierno— es disputado por los grupos criminales La Familia Michoacana, su escisión Los Caballeros Templarios y el antagónico Jalisco Nueva Generación.

La situación política en Michoacán se normalizó la semana pasada, con el regreso del gobernador Fausto Vallejo después de seis meses de licencia por cuestiones de salud.

Pero el senador panista Ernesto Cordero considera que es tiempo de desaparecer al poder Ejecutivo. En conferencia de prensa este lunes, el legislador dijo que la situación de inseguridad en Michoacán es “muy, muy grave”.

Según Cordero, actos de este fin de semana pueden calificarse como “terrorismo”, por lo que pidió al gobierno federal intervenir Michoacán. “Desde luego que empieza a ser ya una alternativa, que no lo era tan solo unos cuantos meses, ahora sí”, dijo a pregunta expresa.

Huyen de la violencia

El aumento de la violencia en la zona ha provocado que los habitantes de municipios como Tepalcatepec abandonen sus hogares en busca de sitios menos peligrosos, según Valencia.
“Hay un éxodo masivo de habitantes, yo conozco al menos 100 familias que abandonaron el municipio”, afirmó el alcalde.

 “El municipio se está quedando solo, la gente se está saliendo, sobre todo la gente que tiene dinero, la pobre se queda y son los que están resintiendo la situación de recesión, porque no hay empleo, no hay circulante, no hay construcción, la agricultura la ganadería están muy limitados, el comercio está parado”.

Para Aguirre, la estrategia de combate al crimen debe ir acompañada de programas sociales y de empleo, principalmente en la zona de Tierra Caliente. “Necesitamos este tipo de programas para restablecer el tejido social”, dijo.

Los 36 policías que tenía Tepalcatepec fueron desarmados, la delincuencia los “rebasó” y están a la espera de que un nuevo mando llegue a reestructurar el cuerpo policial, detalló Valencia.
El alcalde dijo que desde hace cuatro meses pidió a la Secretaría de Seguridad Pública estatal proponer a un militar para dirigir a la Policía Municipal, pero que hasta ahora no ha recibido respuesta.
El martes pasado, el comisionado de Seguridad Nacional del país, Manuel Mondragón, dijo en Guadalajara en un foro ante empresarios que “todos los policías de importantes municipios de México están en corrupción”.

La situación de violencia, inseguridad e insatisfacción social en Michoacán encontró una válvula de escape en febrero de este año, cuando surgieron en Tepalcatepec y Buenavista los primeros grupos de autodefensa formados por personas armadas en contra de los actos de secuestro y extorsión por parte de grupos criminales.

Militares y agentes federales reforzaron la seguridad en algunos municipios de Michoacán desde mayo pasado, luego de que grupos de autodefensa protagonizaron enfrentamientos con el crimen organizado.
Según el alcalde de Tepalcatepec, estos grupos han ido mutando y se han infiltrado por grupos del crimen organizado y políticos.

“Va a pasar lo mismo que sucedió en Colombia, surgieron grupos de autodefensa para defenderse de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y después fueron utilizados desafortunadamente por intereses criminales, eso es lo que nos puede pasar aquí, si no se toman medidas”, alertó el alcalde.

“Morelia está seguro, está en plena fiesta”

El suministro de energía volvió este lunes a os 11 municipios afectados.

"El servicio de energía ya se restableció y todo está tranquilo", dijo a CNNMéxico Carlos Alberto Paredes, presidente municipal de Tuxpan.

Además de su municipio y Tepalcatepec, los habitantes de Buenavista, Aguililla, Apatzingán, Sahuayo, La Piedad, Zinapécuaro, Uruapan, Zamora y Ciudad Hidalgo se quedaron sin luz. 

En Morelia, donde ocurrieron varios de los ataques a estaciones de luz y gasolineras, su alcalde, Wilfrido Lázaro Medina, confirmó este lunes a medios locales que los servicios se habían restablecido y reportó calma.


“Morelia está seguro, está en plena fiesta, hoy tuvimos cuatro carreras, arrancamos la liga municipal de futbol, estamos en la feria de Capula y el comisionario (de la Policía Federal), me dijo: ‘todo activo, todo en calma, disfruten de sus fiestas’”, manifestó Lázaro Medina.

viernes, 18 de octubre de 2013

Proponen extender un año más el plazo para evaluar policías

A 14 días de que venza el plazo legal para que las autoridades mexicanas evalúen a todos sus policías, senadores de los tres principales partidos políticos proponen una nueva prórroga de un año para que los gobiernos locales cumplan con el requisito. 

La propuesta busca evitar problemas de seguridad pública en los estados y municipios, ya que alrededor del 30% de los policías locales del país no han sido evaluados y deberán ser dados de baja para el próximo 29 de octubre.

“Se presenta la iniciativa a fin de prorrogar el plazo de manera razonable para terminar con el proceso de certificación y la evaluación del control de confianza, ya que existen diversos factores que inciden para el cumplimiento de la totalidad (…) con el consecuente riesgo de que las entidades federativas y los municipios queden mermados en la capacidad de respuesta por falta de elementos”, señala el documento publicado este martes en la Gaceta del Senado y que fue presentado ante el pleno.

La iniciativa de reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública es impulsada por los senadores Omar Fayad, Ivonne Liliana Álvarez y Teófilo Torres Corzo, del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI); Fernando Yunes y Pilar Ortega, del Partido Acción Nacional (PAN), e Iris Vianey Mendoza, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), todos integrantes de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara alta. 

De aprobarse, esta sería la segunda prórroga al plazo legal para evaluar policías. La primera —promovida por Fayad— se concretó a finales de 2012, cuando el Congreso aprobó extender el plazo 10 meses.

Este mismo martes, organizaciones civiles y autoridades cuestionaron la efectividad del sistema de control de confianza y certificación de mandos policiales, el cual debe ajustarse, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

Ahora que el nuevo plazo está por cumplirse, aún faltan de ser evaluados alrededor del 30% de los policías locales del país, según cifras del gobierno federal. El estado con mayor retraso es Tamaulipas, donde solo se ha certificado entre el 25% y el 50% de los agentes, indica el más reciente reporte del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), actualizado hasta octubre. 

Las autoridades federales afirman que los elementos de la Policía Federal y la Procuraduría General de la República (PGR) ya cumplieron con el requisito. 

La iniciativa incluye dos artículos transitorios con los que se busca obligar a los gobiernos de los estados a destinar suficiente presupuesto al programa de evaluación policial, que llega al Congreso mexicano mientras se han dado a conocer casos de policías ya evaluados que son investigados por su presunta participación en crímenes y mientras organizaciones civiles advierten que la certificación no garantiza que un policía sea confiable o eficiente. 

Policías vinculados con el crimen 

El gobierno federal informó la semana pasada que 13 policías federales quedaron detenidos por presuntamente operar una red de secuestradores en el puerto turístico de Acapulco, en el estado de Guerrero. 

En el Distrito Federal, las autoridades locales detuvieron a finales de septiembre a tres agentes por su presunta relación con el secuestro de un ciudadano colombiano, John Jairo Guzmán Vázquez. 
Activistas como María Elena Morera, presidenta de la asociación Causa en Común, han señalado en reuniones públicas con autoridades que el actual modelo de evaluación no garantiza que un elemento sea confiable o pueda realizar su trabajo, por lo que han llamado a reformar los mecanismos empleados.

El investigador Ernesto López Portillo, fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde), dijo en septiembre a CNNMéxico que la evaluación de los policías debe ir acompañada de la revisión del funcionamiento de las instituciones de seguridad, incluyendo su infraestructura, recursos, reglas y procedimientos.